Esto no va de modas, ni de parafernalias, es la mayor revolución en lo público desde hace décadas. La administración, el Estado; ese ente garante y coherente, es la empresa de todos y debe tener las paredes de cristal, incluso el suelo, me atrevería a decir, para seguirle el paso a nuestros responsables políticos. Pero lo cierto es que el compromiso está ahí, incluso las leyes que obligan, y hasta que el último céntimo de dinero público se rinda, no hay que cejar en el empeño de poner las cuentas claras.
Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos ya se han implicado en este cometido. La imparcialidad y la legalidad, no están reñidas con la eficacia y la flexibilidad. El servicio público conlleva un esfuerzo por no obstaculizar demasiado la vida de los ciudadanos. La vida debe discurrir con fluidez, y la burocracia, en la mayoría de las ocasiones, no facilita este factor. El muro de incomunicación e incomprensión de “El proceso” kafkiano, hace tiempo que no forma parte del día a día de nuestras administraciones ¿o queda algo de él?
Supone un esfuerzo diario de los gestores públicos, terminar con las barreras administrativas y físicas que nos separan los vecinos. Cada vez vemos con más frecuencia el uso de las declaraciones responsables, como documento facilitador, o unas instalaciones más amables, cercanas, evitando los mostradores y las ventanillas de antaño. Espacios de comunicación que no supongan un elemento separador, que disminuya la confianza, aquel antiguo “administrador” y “administrado” Porque es la recuperación de ese vínculo de colaboración, el que va a permitir que administraciones públicas y vecinos “arreglen sus papeles” de una manera sencilla y “revisen sus cuentas” de una forma transparente.
Tenemos la normativa, la teoría y el procedimiento. Ahora toca llevar a cabo las acciones y las revisiones. La ley 19/2013 y la nuestra, de Madrid, la 10/2019, han allanado el camino para establecer puentes y “acristalar esos despachos”, pero hay muchos más factores que poner en funcionamiento:
Estructura Base: Incorporación de funcionarios o contratación de una empresa externa, creación de una partida presupuestaria específica y programa de formación del personal en materia de transparencia. Asesoramiento o financiación de algún ente público colaborador.
Recursos Humanos: Qué dotación de empleados públicos y con qué roles específicos, se van a encargar de actualizar y mejorar la información sobre transparencia en la institución.
No sólo es necesaria una unidad especializada en la materia. Todos los departamentos deben tener una persona asignada para proporcionar los datos. El coordinador general es la figura sobre la que debe pivotar el área central (perfil A1/A2).
Actuaciones: Procesos, procedimientos que configuran el sistema. Vitales para un resultado final óptimo: Mapa de procesos que asigne tareas, actualización de la información, conversión en formatos reutilizables, incorporación de nueva información al portal, elaboración de documentación o dossieres (cartas de servicio, códigos de conducta, indicadores de calidad, encuestas a usuarios, reestructurar la información web y sistematizar, etc). Un sistema automatizado de publicación sería ideal para ahorrar tiempo y recursos que se podrían destinar a nuevas ideas y programas.
Marco jurídico: Ordenanza de transparencia, código ético de altos cargos y empleados públicos, cartas de servicios, mecanismos reglados de participación de la ciudadanía, creación de órganos colegiados reguladores, etc.
Este es, digamos, el “universo de implantación y seguimiento” de la administración transparente, que debe contar con el apoyo de los equipos de gobierno, y que debe formar parte de la agenda política, dentro de la planificación de la legislatura. De las categorías anteriores se desprende que la transparencia necesita apoyarse en un área de nuevas tecnologías bien dotada, con una vertebración suficiente, y una coordinación que garantice que no va a existir parálisis en el flujo de la información. La Secretaría y el gabinete jurídico también formarán parte de los departamentos importantes en el apoyo y fomento de la cultura de la transparencia, aunque el área de nuevas tecnologías sea el centro principal de organización y canalización. Para ello, el desarrollo de la administración electrónica resultará vital en el proceso de implantación de la transparencia municipal.
De ahí que la figura, anteriormente mencionada como coordinador de transparencia, podría ser el mismo que dirija la administración electrónica en el municipio, y resultaría conveniente para hacer el seguimiento de tareas importantes que van a compartir los dos proyectos, por ejemplo, la identificación y autenticación de responsables (firma electrónica), el funcionamiento de la sede electrónica, el registro electrónico, las comunicaciones y notificaciones, la gestión de expedientes y el archivo electrónico de documentos, etc.
En la actualidad, el desarrollo de la transparencia va tomando una velocidad y consistencia muy positivos. Los últimos índices de evaluación, marcan que hay instituciones cuyos ítems se encuentran alrededor de un 90 por ciento y bastantes otras que están en torno al 70 por ciento. Son cifras que invitan al optimismo y demuestran que la transparencia no es una moda, ni una teoría que se haya quedado en las salas de reuniones o conferencias. Es el recurso más importante que tiene la ciudadanía para controlar la acción de los poderes públicos, fiscalizar en qué se gasta su dinero y conocer mejor las políticas públicas. Y para la clase política supone, como hemos dicho, una vía para recuperar esa confianza, muy deteriorada, de la población. Hacer cada día más pequeña, esa brecha que se creó con la corrupción, entre la gente y sus dirigentes.
