El comisionista Víctor de Aldama, figura clave en el conocido como «caso Koldo», ha comparecido este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, desgranando una serie de revelaciones que salpican directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a varios miembros de su gabinete. Según su declaración, Sánchez y su Ejecutivo no solo tenían conocimiento de la controvertida visita a España de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en enero de 2020, sino que habrían participado en su organización.
De Aldama ha explicado que fue su hermano Rubén, quien trabajaba como escolta del exministro de Transportes José Luis Ábalos, el que le introdujo en círculos gubernamentales. A partir de ahí, estableció vínculos con Koldo García, asesor de Ábalos, y comenzó a colaborar en la preparación de la llegada de Rodríguez.
Según el relato del empresario, esta visita incluyó gestiones para alquilar un chalet en la exclusiva urbanización de El Viso en Madrid, donde se habría planificado una cena con la vicepresidenta venezolana, el propio Sánchez, y varios ministros, entre ellos Grande-Marlaska, Teresa Ribera, María Jesús Montero y Salvador Illa.
De Aldama aseguró que la reunión se anuló tras el revuelo generado por la presencia de Rodríguez en suelo español, pese a las sanciones que pesaban en su contra por parte de la Unión Europea.
Una foto y agradecimientos personales
El comisionista también ha declarado que fue el propio Sánchez quien pidió una reunión con él para agradecerle las gestiones realizadas en México. Según De Aldama, la fotografía que trascendió en medios fue tomada a petición del presidente como muestra de reconocimiento.
Señalamientos de corrupción y pagos en efectivo
En un giro aún más comprometedor, De Aldama aseguró que pagó comisiones al exministro Ábalos, entregándole 400.000 euros en efectivo, y otros 250.000 a su asesor, Koldo García. Además, afirmó haber entregado 15.000 euros al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en un bar cercano a la calle Ferraz, y señaló que el actual ministro de Presidencia, Ángel Víctor Torres, habría solicitado una comisión de 50.000 euros.
Estas declaraciones también vinculan a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, con reuniones junto a la ministra Teresa Ribera para tratar proyectos relacionados con la «España vaciada», en las que, según De Aldama, participaron ejecutivos del grupo Globalia.
Begoña Gómez se acoge a su derecho a no declarar y denuncia el «objetivo político» de la comisión de investigación
Feijóo exige la dimisión de Sánchez
Ante estas revelaciones, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido la dimisión inmediata de Pedro Sánchez, acusando al Gobierno de estar «sumido en la corrupción». Feijóo calificó el caso como «escandaloso» y criticó que Sánchez y sus ministros «callen» frente a estas acusaciones.
Feijóo recordó que Sánchez había basado su moción de censura contra Mariano Rajoy en la necesidad de regenerar la política, y señaló que ahora es el propio Sánchez quien debería aplicar esos estándares de exigencia. «Estamos ante el ‘caso Sánchez’, que evidencia una mezcla de corrupción política, económica y moral», afirmó el líder popular.
El presidente del PP se mostró dispuesto a explorar una posible moción de censura si los socios del Gobierno se plantean «romper con esta podredumbre». También instó a la vicepresidenta Teresa Ribera a retirar su candidatura a comisaria europea para no dañar la imagen de España.
Un Gobierno bajo presión
El caso Koldo se suma a otros episodios judiciales que están minando la credibilidad del Ejecutivo de Sánchez en un momento especialmente crítico. Desde la oposición, Feijóo insiste en que España necesita «un punto final a esta agonía judicial». Entretanto, el Gobierno no ha emitido ninguna declaración oficial en respuesta a estas acusaciones.
El desarrollo del caso promete mantener en vilo a la opinión pública, con posibles consecuencias políticas en un contexto ya marcado por la tensión institucional.
