Un estudio de la UAH demuestra que existen 43 grupos de indígenas aislados amenazados por intereses mineros en la Amazonía brasileña. Las operaciones, que dependen de la aprobación del proyecto de ley PL191/2020 propuesto por el presidente J. Bolsonaro, afectarían a más de 10 millones de hectáreas de tierras indígenas.
La Amazonía brasileña alberga más sociedades indígenas aisladas que cualquier otra región del planeta, con al menos 120 grupos. Estos pueblos carecen de relaciones permanentes con otras sociedades, indígenas o no. Muchos de ellos conocen la existencia de otras sociedades, pero han optado voluntariamente por ejercer su derecho de aislamiento como estrategia de supervivencia, tras sufrir episodios históricos de contacto asociados con violencia y epidemias.
La mayoría vive en tierras indígenas, un tipo de área protegida que fue diseñada para defender sus derechos. Sin embargo, estos territorios están en peligro porque contienen grandes reservas de minerales sin explotar, principalmente oro. Por el momento, las actividades mineras en tierras indígenas no están permitidas, aunque el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está tratando de impulsar un proyecto de ley (PL191/2020) para abrir la puerta de las tierras indígenas a la minería.
Un estudio ha evaluado cómo los grupos indígenas aislados de la Amazonía brasileña se verían afectados por la aprobación de este proyecto de ley, considerando las solicitudes de extracción que ha recibido la Agencia Nacional de Minería del país hasta la fecha. El estudio ha sido desarrollado por la Universidad de Alcalá (UAH, España) en colaboración con el Instituto Nacional de Investigaciones en Amazonia (INPA, Brasil) y se ha publicado en la revista Global Environmental Change.
Sara Villén-Pérez, investigadora de la UAH y autora del estudio, explica que, de aprobarse el proyecto de ley PL191/2020, las operaciones mineras afectarán a 25 tierras indígenas que albergan a 43 grupos aislados. La situación es especialmente preocupante para 21, cuyas tierras concentran la mayoría de las solicitudes mineras. El impacto de estas operaciones se sumaría a la invasión masiva de mineros ilegales de oro, que está provocando cientos de muertes indígenas como consecuencia de la propagación de la COVID-19.
Diez millones de hectáreas afectadas
Hasta la fecha han solicitado permisos de prospección y operación en tierras indígenas con grupos aislados que afectan a más de 10 millones de hectáreas, una extensión comparable a la de Islandia. Además, la Agencia Nacional de Minería de Brasil está trabajando para atraer aún más inversores, y se espera que el interés en las tierras indígenas brasileñas aumente si se permite oficialmente la actividad minera, como ya ocurrió en la región amazónica de los países vecinos.
El estudio destaca que el trabajo desarrollado por la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) para el estudio de estas sociedades aisladas y ahora paralizado por la administración del gobierno de Bolsonaro, es esencial para su protección. Philip M. Fearnside, co-autor del estudio, asegura que la apertura de las tierras indígenas a la minería será una crónica de muerte anunciada para estos pueblos. “A pesar de que Brasil posee políticas sólidas destinadas a proteger a los pueblos indígenas aislados, las dificultades de gobernanza en la Amazonía se han agravado en el actual escenario político brasileño y no existe garantía de una coexistencia segura entre las operaciones mineras y estos pueblos”.
Los autores concluyen que el gobierno brasileño debe invertir en el estudio de la localización y vulnerabilidad de los grupos indígenas aislados conocidos en la Amazonía brasileña, y no debe permitir ningún aumento de la presión de desarrollo que pueda resultar en la extinción de pueblos, sociedades y culturas únicas.
