Hace un par de décadas, el jatorra Arzallus se lamentaba de la fusión entre el BBVA y Argentaria. Para él, ésta era una operación hostil del estado español hacia el pueblo vasco destinada a arrebatarle a éste su banco. Arzallus mentía o simplemente no entendía la naturaleza del BBV. El BBV era un banco cotizado en España, en Wall Street y en Tokyo. Por lo tanto pertenecía a sus accionistas, privados en su inmensa mayoría. Entre estos se encontraban miles de accionistas particulares, muchos poderosos fondos de inversión internacionales y algunas familias Bilbaínas que de hecho controlaban el consejo de administración. Una parte importante del negocio del BBV provenía de fuera de España. Por lo tanto, el BBV solo era un banco vasco y español en la medida que su sede estaba en Bilbao (aunque su sede operativa se encontraba en Madrid), tributaba en Vizcaya y estaba sometido a las leyes españolas y a las regulaciones del Banco de España. Por otra parte, dudo mucho que las familias históricas accionistas del banco coincidieran mucho con las opiniones políticas del jatorra en jefe, aunque solo fuera porque estas familias eran una parte importante de la cosecha de nueces que recogía el PNV después de que la ETA sacudiera el árbol. La relación del BBV con el pueblo vasco solo existía en la mente de Arzallus.
El año pasado, Ferrovial anunció su intención de trasladar su sede a Holanda. El gobierno social comunista del trilero de la Moncloa puso el grito en el cielo tildando al Presidente y accionista de referencia de la compañía, Rafael del Pino, de evasor fiscal, de antiespañol y de ladrón al privar al pueblo español de una de sus principales compañías. Otra vez poco importó que Ferrovial fuera una compañía privada, cotizada y por lo tanto propiedad de miles de accionistas. Poco importó que Ferrovial generara más negocio en el extranjero que en España. Una vez más, la relación entre Ferrovial y la nación española solo existía en la mente de políticos populistas e ignorantes solo preocupados por el efecto negativo que una decisión empresarial pudiera tener sobre su imagen política.
Hace dos días, el golpista Puigdemont incluyó entre sus exigencias que se prohibiera por ley la marcha de empresas catalanas, en particular La Caixa, fuera de las provincias catalanas. En nombre del bien de pueblo catalán supongo.
Ahora ocurre algo similar con la toma de participación de algo menos del diez por ciento del capital de Telefonica por parte del estado saudí. Los políticos se rasgan las vestiduras por la perdida de españolidad de una empresa faro española. Una vez más, los populistas ignorantes aúllan que le roban una compañía al pueblo español. Una vez más, los populistas pasan por alto que Telefonica cotiza en Madrid y en Nueva York, que el estado español no tiene ninguna participación en su accionariado, que una parte importantísima de sus accionistas son extranjeros y que una parte substancial de su negocio proviene de fuera de España.
Pero esta vez, existe una pequeña diferencia: unen su indignación los podemitas y Vox, con argumentos muy similares. Los extremos muestran no solamente su desconocimiento del funcionamiento de la economía de mercado, sino su profundo desprecio por la libertad de las empresas y de la economía. Estos populistas no entienden que una empresa privada tiene tres objetivos: ofrecer una rentabilidad adecuada a sus accionistas, producir bienes y servicios de calidad y a precio competitivo para sus clientes y ofrecer condiciones de trabajo dentro del marco regulatorio y de mercado a sus empleados. Punto y aparte. Entre accionistas, clientes y empleados no veo por ninguna parte ni al pueblo vasco, ni al pueblo catalán ni al pueblo español. No acabo de entender en que se benefician los pueblos vasco, catalán y español de que el estado o sus gobiernos autonómicos controlen el BBV, Ferrovial, la Caixa o Telefonica. ¿Al ciudadano vasco, catalán o español le devolvería el estado o la autonomía de turno la parte hipotética que les correspondería de los dividendos? Lo dudo mucho. ¿Les darían un servicio especial a un precio especial por ser “propietarios” de las compañías? Por supuesto que no. Ni deberían. ¿Les aportaría algún beneficio? Ninguno. Por lo tanto ¿que más nos da que estas empresas sean privadas o que las controlen los políticos?
Perdón, sí que nos da: en la gran crisis financiera, los bancos que se arruinaron no fueron los bancos privados, fueron las cajas de ahorro gestionadas por políticos. Por lo tanto políticos fuera.
Cuando se privatizó Telefonica, el estado decidió crear un “núcleo duro” de accionistas para prevenir una toma de control no deseada de la compañía. Parte de ese núcleo duro lo formaron el BBVA y la Caixa que tomaron una participación conjunta de más o menos el ocho por ciento y que siguen manteniendo. Posiblemente ese sea uno de los peores negocios en los que hayan participado estos bancos, ya que la acción de Telefonica ha pasado de veintisiete euros en el 2000 a menos de cuatro euros en la actualidad y desde principios de 2019 se ha visto disminuida en un cincuenta por ciento. Una de dos, o Telefonica está muy mal gestionada o está en un sector en declive.
Cuando salen las gemelas podemitas del resplandor diciendo que la SEPI debería tomar el control de Telefonica para evitar la pérdida de control de una empresa vital para España, solo se me ocurre contestarles que muy bien, que de acuerdo, pero con su dinero, no con el mío. Yo no invierto en una empresa mal gestionada o en un sector en declive, ni directamente ni a través de mis impuestos.
Y si lo que les preocupa a estas petardas es que los Saudíes se hagan con mis datos personales, pues que hagan una ley para proteger mis datos. Ahora claro, cómo hagan todas las leyes cómo la del “sí es sí”, ya estamos tardando en recibir suras de Corán por SMS de parte de Moviestar.
Pero, visto lo visto, a lo mejor resulta que el Corán también es progresista.
El Circo Continúa…
José Luis Vilallonga
@JoseVilallonga
